Los acuíferos transfronterizos y compartidos a lo largo de la frontera internacional Estados Unidos - México están sometidos a usos no sustentables y degradación de calidad como resultado del crecimiento urbano acelerado, y también del cambio climático y su variabilidad. Los acuíferos aluviales del Alto Santa Cruz y Alto San Pedro, compartidos por los estados de Arizona, EE.UU. y Sonora, México, son fuentes esenciales de agua para las ciudades en crecimiento, las comunidades, las granjas, y los ecosistemas en ambos lados de la frontera. La Ley de la Evaluación de Acuíferos Transfronterizos Estados Unidos - México, según autorización en los EE.UU. como la Ley Pública 109-448, fue firmada en diciembre de 2006. La continuidad del apoyo financiero y para programas para la evaluación de acuíferos transfronterizos es esencial para las iniciativas de colaboración. Las autoridades en México apoyan esta iniciativa para colaborar en la evaluación científica, sin embargo, todavía en México no se ha aprobado una legislación parecida, dado que no es lo acostumbrado. En los EE.UU., la colaboración entre una universidad y una agencia federal dirige las actividades de la evaluación de los acuíferos, y da prioridad caso por caso a los acuíferos. Mientras que, en México, el procedimiento empieza en la Comisión Nacional del Agua, que coordina las actividades de las agencias estatales y servicios públicos municipales de agua, con los investigadores universitarios realizando un papel de apoyo. Complejidades institucionales adicionales incluyen un papel variable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos; la Sección Estadounidense trabaja para facilitar la coordinación mientras que la Sección Mexicana establece prioridades y toma decisiones. Un marco binacional especializado para la coordinación y el intercambio de datos ha sido desarrollado y acordado específicamente para la evaluación del acuífero binacional. Los intentos para establecer este marco han tenido como resultado un compromiso de colaboración a largo plazo, una mejor comprensión de los acuíferos transfronterizos, y una mejor gestión de los recursos de acuíferos compartidos.
Shared, transboundary aquifers along the U.S.-Mexico international boundary are subject to unsustainable levels of water use and water-quality degradation resulting from rapid urban growth as well as climate change and variability. The Upper Santa Cruz and Upper San Pedro alluvial aquifers, shared by the states of Arizona, U.S. and Sonora, Mexico are essential water sources for growing cities, communities, farms, and ecosystems on both sides of the border. The U.S.-Mexico Transboundary Aquifer Assessment Act, as authorized in the U.S. as Public Law 109-448, was signed in December 2006. Continuity of programmatic and funding support for transboundary aquifer assessment is essential to collaborative initiatives. Authorities in Mexico support this initiative to collaborate on scientific assessment; however, in Mexico no similar legislation has yet been passed, given that law-making follows its own process. In the U.S., a university – federal agency partnership leads aquifer assessment activities, and prioritizes aquifers on a case-by-case basis. By contrast, in Mexico, the procedure begins at the National Water Commission, which coordinates the activities of state agencies and municipal water utilities, with university researchers playing a support role. Additional institutional complexities include the varying roles of the U.S.-Mexico International Boundary and Water Commission; the U.S. Section works to facilitate coordination and the Mexican Section sets priorities and makes decisions. A specialized binational framework for coordination and data exchange has been developed and agreed upon specifically for the binational aquifer assessment. The investment made to establish this framework has resulted in the commitment to a long-term partnership, a better understanding of transboundary aquifers, and better management of shared aquifer resources.